La decisión de la juez Colleen Kollar-Kotelly representa un revés para el gobierno de Bush en su intento por promover una medida que limite los documentos que deben ser protegidos bajo la Ley de Archivos Presidenciales.
La postura legal del gobierno de Bush "aumenta la preocupación de la corte" sobre que algunos registros no podrían ser preservados, indicó la juez. La organización privada Ciudadanos por la Responsabilidad y la Etica, de Washington, ha demandado a Cheney y a la Oficina Ejecutiva del Presidente para evitar que los archivos presidenciales sea destruidos o manipulados de forma que sean inaccesibles para la población en general. En una opinión de 22 páginas, la juez reveló que en días recientes los abogados del gobierno de Bush habían impedido un acuerdo propuesto entre las dos partes sobre cómo proceder en el caso.
Cheney y los otros acusados "estaban dispuestos únicamente a aceptar una orden de preservación que se apegara a su interpretación limitada" sobre la Ley de Archivos Presidenciales, escribió Kollar-Kotelly. Según la juez, el gobierno quería que cualquier orden de la corte sobre cuáles archivos serían tratados en el juicio cubriera únicamente a la oficina presidencial y no la de Cheney ni la de otros acusados en el juicio. Entre los otros acusados se encuentran los Archivos Nacionales y el archivista federal. En respuesta al dictamen, el vocero de Cheney, James R. Hennigan, afirmó que no tenía "ningún comentario al respecto del litigio pendiente". El litigio se derivó de la postura de Cheney, quien asegura que su oficina no forma parte del poder ejecutivo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario