Un Gran Jurado del sur de Texas acusó al vicepresidente Dick Cheney y al ex procurador general Alberto Gonzales de cargos estatales relacionados con el supuesto abuso cometido contra prisioneros de centros federales de detención del Condado de Willacy.
Los cargos contra Cheney de participar en una actividad delictiva organizada cuestiona la inversión que el vicepresidente hizo en Vanguard Group, que cuentan con activos en las compañías de prisiones privadas que dirigen los centros federales de detención. Cheney es acusado de un conflicto de intereses y “de por lo menos agresiones menores” contra detenidos debido a su relación con tales compañías.La acusación, que no había sido firmada por el presidente del tribunal, fue una de siete dadas a conocer el día de ayer en el condado que en años recientes se ha convertido en fuente de extrañas batallas legales y políticas. En otra de las denuncias fue mencionado un senador estatal en relación con cargos de haberse beneficiado de su puesto.
Incluso el procurador de distrito del Condado de Willacy, Juan ángel Guerra, permaneció acusado durante más de un año y medio, hasta que un juez desestimó las acusaciones el mes pasado. La actual ráfaga de cargos surgió cerca del final del periodo de Guerra, quien saldrá este año luego de estar a cargo durante casi dos décadas. Guerra perdió la nominación por un margen considerable durante las elecciones primarias demócratas realizadas en marzo. Megan Mitchell, vocera de Cheney, se negó a comentar el día de ayer, declarando únicamente que el vicepresidente aún no recibía una copia de la acusación.
El documento acusa a Gonzales de servirse de su puesto mientras lo desempeñaba para frenar una investigación de 2006 sobre abuso en una de las prisiones dirigidas por compañías privadas.
George Terwilliger III, abogado de Gonzales, señaló en una declaración escrita: “Evidentemente se trata de un cargo falso en su contra, como cualquier buen fiscal podrá reconocer. Con suerte, las autoridades competentes de Texas tomarán las medidas necesarias para poner un alto a este abuso del sistema de justicia criminal”.El Condado de Willacy se ha convertido en un centro penitenciario con prisiones del condado, estatales e incluso federales. Anteriormente Guerra había abordado tal nexo entre la política y la justicia, obteniendo declaraciones de culpabilidad de tres antiguos comisionados de los condados de Willacy y Webb luego de investigar sobornos relacionados con contactos de prisiones federales.En otra imputación dada a conocer ayer se acusa al senador estatal Eddie Lucio Jr. de haberse beneficiado de su cargo público al recibir honorarios de compañías de administración de prisiones.
A principios del año pasado, Guerra informó sobre sus intenciones de investigar las relaciones entre Lucio y las prisiones.Michael Cowen, abogado de Lucio, emitió un comunicado mordaz en el que acusa a Guerra de haber arreglado registros políticos durante sus últimas semanas en el cargo.“El senador Lucio es completamente inocente y no ha hecho nada indebido”, comentó Cowen, agregando que presentará una moción para anular la acusación esta semana.El mes pasado, un gran jurado del Condado de Willacy acusó a The GEO Group, compañía de prisiones privadas con sede en Florida, de un cargo por asesinato en la muerte de un prisionero días antes de su liberación. La acusación de tres cargos sostuvo que The GEO Group permitió que otros reos golpearan a Gregorio de la Rosa Jr. hasta llevarlo a la muerte con candados colocados dentro de calcetines. El asesinato ocurrió en 2001 en las instalaciones de Raymondville, tan sólo cuatro días antes de que fuera liberado.
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